Mundo Penal

24 de octubre de 2008

LA MAÑANA (MIREIA GONZALEZ).- El número de internos del Centre Penitenciari de Ponent sigue aumentando día a día y ya se está notando con fuerza el impacto de la última modificación del Código Penal que condena con cárcel los delitos de tráfico. Así lo confirmó ayer el Secretari General de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat, Albert Batlle, que inauguró en Lleida la XXI edición de los premios Marraco de Pintura, Cerámica y Escultura.

 Si bien Batlle no quiso hablar de colapso y reiteró que la situación no es insostenible porque en los últimos años se han ido tomando medidas y sentando las bases para evitar precisamente esto, sí admitió que las modificaciones de código penal han causado “un claro aumento” del número de internos en la cárcel de Ponent. Por ello, explicó, están trabajando para reforzar los servicios de ejecución penal.

 “El servicio de ejecución penal tiene la obligación de dar cumplimiento a las resoluciones penales” que dictan los órganos judiciales, explicó Batlle. Sin embargo, aseguró, desde Serveis Penitenciaris se han ido tomando medidas para paliar este impacto, como son la incorporación de profesionales y se ha empezado a ejecutar el Pla d’Equipaments Penitenciaris 2004-2010.

 FALTA DE POLITICAS

 Esta visión de Albert Batlle, sin embargo, es totalmente opuesta a la que recogía ayer la última resolución de la Ejecutiva de la Sección Estatal de CCOO, que acusaba a los responsables de la Administración Penitenciaria de una total falta de políticas reales.

 “Como consecuencia principal de la carencia de una política penitenciaria adaptada a la nueva realidad existente, el índice de fracaso e ineficacia de la Institución se ha incrementado hasta cifras insostenibles. El 70% de reincidencia que se está produciendo es un fracaso sin paliativos de la política penitenciaria en toda su extensión”, rezaba la resolución, que asegura que “bajo estas circunstancias, el personal penitenciario padece las consecuencias de esta situación de colapso en la gestión penitenciaria”.

Asimismo, denunciaron un “notable incremento de la violencia y las agresiones diarias que se producen contra el personal de todas las prisiones del Estado español”.

 REFORMA DE FONDO

 Por otro lado, en relación al parón en los juzgados catalanes esta semana por la huelga de secretarios judiciales, el director de los Serveis Territorials de Justícia en Lleida, Lluís Franco, reconoció que “es evidente que la Justicia necesita una reforma estructural de fondo”.

Franco recordó que desde el Departament de Justícia también se está haciendo un esfuerzo por renovar el parque informático e incorporar nuevos medios, dentro de sus posibilidades. En este sentido, recordó que de aquí a dos meses se inaugurará el nuevo juzgado de violencia doméstica de Lleida.

 Sin embargo, reconoció que la situación actual es de un importante volumen de trabajo, y que es necesario construir un nuevo modelo de justicia.

 En todo este contexto, el premio Marraco de las Terres de Ponent se alza, quizás con más fuerza que nunca, como una importante herramienta en los procesos de reeducación y reinserción de los reclusos en la sociedad abriendo una nueva puerta a la esperanza.